Los
dos factores que condenan a México a padecer letales desastres por fenómenos
naturales son la corrupción y la pobreza: éstos causan el “83 por ciento de
muertes en edificios colapsados en sismos”. La tercera gran falla de este país
es el uso político del dinero público para rescatar y reconstruir
Corrupción
y
pobreza vuelven a herir a México:
ambos factores son identificados por el propio gobierno federal como origen de
la vulnerabilidad del país ante los fenómenos naturales, como el sismo del
pasado 19 de septiembre que cobró la vida de al menos 302 personas, y el del
día 7 del mismo mes, con saldo de 96 víctimas fatales.
Considerados en la Agenda
Nacional de Riesgos como la novena gran amenaza a la seguridad nacional, los
desastres naturales encuentran un tercer factor que profundiza el perjuicio
social y económico: el uso político de los fondos públicos para rescatar a las
víctimas, atender la emergencia y posteriormente reconstruir las zonas
afectadas.
Estos tres elementos
marcan la incapacidad gubernamental para prevenir, enfrentar y contener las
catástrofes, revelan tanto la Agenda Nacional de Riesgos como diversos análisis
del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), dependiente de la
Secretaría de Gobernación.
Uno de esos estudios
–Impacto socioeconómico de los desastres. De la vulnerabilidad a la
resiliencia– destaca que “el 83 por ciento de todas las muertes ocurridas en
edificios colapsados en terremotos han ocurrido en países con altos niveles de
corrupción y pobreza”, según lo observado por el científico Roger Bilham,
investigador de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Otro estudio –Los
fenómenos naturales y su efecto en los grupos más vulnerables de México– señala
que las estadísticas del “Cenapred permiten estimar que el 65 por ciento de las
víctimas generadas por los desastres ocurre entre los pobres”.
En tanto, la Agenda
Nacional de Riesgos –un diagnóstico profundo de las amenazas a la seguridad
nacional, elaborado por los órganos de inteligencia del país y al que
Contralínea tuvo acceso– refiere entre las máximas vulnerabilidades el “uso
político de autoridades estatales y municipales en la distribución de recursos
del Fondo de Desastres Naturales”.
Las
vidas perdidas
Así, ocho de cada 10
muertes ocurridas durante los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados tuvieron
su origen en actos de corrupción de inmobiliarias y autoridades de los tres
niveles de gobierno o en las condiciones de pobreza y marginación que padecen
más de 53 millones de mexicanos, según las estadísticas oficiales.
“El nivel de impacto de un
fenómeno natural no está determinado por el nivel de intensidad, sino por el
grado de vulnerabilidad del sistema expuesto y de su población”, admite el
análisis Impacto socioeconómico de los desastres, elaborado por el maestro
Norlang García Arróliga, adscrito a la Subdirección de Estudios Económicos y
Sociales del Cenapred.
Ambos terremotos –el
primero oscilatorio de 8.2 grados Richter y el segundo trepidatorio de 7.1
grados– han marcado un retroceso de 16 años en materia de prevención y atención
a desastres causados por fenómenos naturales, se desprende de los estudios del
Centro Nacional de Prevención de Desastres.
En conjunto, éstos han
cobrado la vida de, al menos, 398 personas en ocho entidades del país (Ciudad
de México, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Puebla, Guerrero, Estado de México y
Tabasco). Esta cifra mortal, aún preliminar, ya superó el promedio anual
nacional, estimado por el Centro en 175 muertes por año.
Un solo sismo, el del 19
de septiembre, causó más víctimas que esa media nacional sostenida durante el
periodo de 2000 a 2016. En ese lapso, refiere el documento Impacto
socioeconómico de los desastres, 2 mil 982 personas perdieron la vida durante
catástrofes de este tipo, principalmente por daños causados por tormentas y
huracanes.
Además, en esos 16 años
las pérdidas económicas se estimaron en 33 mil 948 millones de dólares (unos
577 mil millones de pesos a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar).
“El
desastre es considerado como la interrupción brusca de la vida cotidiana,
generadora de pérdidas de vidas humanas, materiales y ambientales generalizadas
que supera la competencia de la comunidad afectada para sobreponerse
exclusivamente a través de sus propios medios”.
La
corrupción
Treinta y dos años después
del terremoto de 1985, el sismo de este 19 de septiembre también fue
devastador, aunque en menor magnitud. En el caso de la capital, el colapso de
al menos 44 edificios y las 3 mil 848 estructuras que resultaron severamente
dañadas dejan al descubierto el incumplimiento de las normas mínimas de
edificación, establecidas en el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de
México.
En este caso, la
supervisión de las condiciones de seguridad en materia de protección civil
también fallaron. Quizá, el caso más dramático –por involucrar a un sector
altamente vulnerable– es el del colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la
delegación Tlalpan, al Sur de la ciudad, donde al menos 19 menores de edad y
cinco adultos perdieron la vida.
En las ocho entidades
afectadas, la corrupción de autoridades locales, estatales y federales
intervino en este desastre. En el primer sismo, por ejemplo, en algunas zonas
de Chiapas y Oaxaca la alarma sísmica –mecanismo que previene a la población
segundos antes del fenómeno natural para que evacue y se resguarde en áreas
seguras– no sonó por falta de pago de la energía eléctrica.
Además, de acuerdo con la
Agenda Nacional de Riesgos, una de las mayores vulnerabilidades de México es la
“deficiente regulación del uso de suelo y del desarrollo urbano, que genera
multiplicación de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo”.
En la capital, por
ejemplo, las construcciones inmobiliarias han proliferado en forma desordenada
y violatoria a leyes y reglamentos, además de la oposición de vecinos. Según lo
denunciado por afectados, esta situación se observa sobre todo en las
delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y
Coyoacán.
En esos lugares
constantemente se ha denunciado el uso de permisos irregularidades, que
conceden tanto las delegaciones como la administración capitalina. Aunado a lo
anterior, algunas vialidades capitalinas también resultaron afectadas, pese a
que están obligadas a cumplir normas para resistir fenómenos de este tipo.
En su análisis Los
desastres en la historia. ¡Recordar es aprender!, el director general del
Cenapred señala que México es un país de sismos: de 1910 a la fecha se han
registrado terremotos importantes. En cada sexenio, apunta, ha habido cuando menos un temblor
considerable.
Por ello, advierte que
“para evitar la construcción del riesgo sísmico es importante planear el
crecimiento de las ciudades y hacerlo en forma ordenada y adecuada”.
La
pobreza
El segundo factor que ha
condenado a México a padecer desastres devastadores por fenómenos naturales, la
pobreza, tiene implicaciones que difícilmente pueden superarse. Y es que no
sólo se trata del hecho de que el 65 por ciento de las víctimas generadas por
estas catástrofes sean los pobres, sino que además “existe evidencia de que los
desastres naturales han contribuido a elevar los niveles de pobreza y
desigualdad en México”, refiere el Cenapred.
Lo anterior, indica la
dependencia de la Secretaría de Gobernación, se debe a que estos fenómenos “tienden a impactar más que
proporcionalmente a los miembros más pobres de la sociedad, y a que ellos son
los menos capaces de responder adecuadamente a choques repentinos que destruyen
sus pertenencias y reducen drásticamente sus ingresos”.
Para el Centro Nacional de
Prevención de Desastres, es fundamental que la protección a los pobres frente a
tales fenómenos constituya un elemento importante en las estrategias
gubernamentales para el combate a la pobreza. Además, se deberían generar
políticas públicas para mitigar los efectos de los desastres en el nivel de
vida de los estratos y regiones más pobres del país, considera la institución.
Las
demás vulnerabilidades
El tercer factor que opera
contra los mexicanos en caso de un fenómeno natural es el “uso político de
autoridades estatales y municipales en la distribución de recursos del Fondo de
Desastres Naturales”, refiere la Agenda Nacional de Riesgos.
Y es que pareciera que, en
automático, los damnificados se convierten en el botín electoral de los
políticos: el lucro de la desgracia se advierte desde el primer instante. Baste
recordar al presidente de la República, Enrique Peña, a su esposa Angélica
Rivera, tomándose la foto mientras empaquetaban víveres o distribuían la
asistencia social en Chiapas y Oaxaca.
Otras vulnerabilidades que
advierte la Agenda son: “acciones limitadas de los gobiernos federal, estatales
y municipales para afrontar las contingencias”; “insuficientes instrumentos de
transferencia de riesgos para atender desastres naturales de muy alta
magnitud”; “incremento en el número y magnitud de los fenómenos naturales como
consecuencia del cambio climático”; “déficit de la oferta de gas natural seco
por un exceso de demanda diaria que rebasa las inyecciones al Sistema Nacional
de Gasoductos”.
Asimismo, apunta los
“limitados recursos humanos, técnicos y económicos para atender emergencias”.
Algo que quedó demostrado en las horas posteriores al sismo del pasado 19 de
septiembre, cuando fue la sociedad la que se volcó a asistir a las víctimas.
La tarde y noche de ese
día, miles de personas salieron a las calles en busca de medicinas, alimentos,
agua, herramientas. En Ciudad Universitaria, las manos de los voluntarios,
predominantemente jóvenes, no descansaron: por horas, se entrelazaron para
apilar la ayuda. Después, mucho después, llegaría la asistencia del gobierno.
Nancy
Flores
Centro de Capacitación y Prevención para el Manejo de Emergencias y Medio
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