Las muertes, heridos y
daños producidos en los desastres tras fenómenos naturales extremos o humanos
requieren de reconstrucción. Esta reconstrucción es un derecho de las personas
damnificadas o afectadas por aquellos trágicos efectos y se desarrolla en un
largo período que colinda con la urgencia y la prevención ante nuevos
desastres.
¿Cómo
realizar la reconstrucción?
Su desarrollo puede tener
varios enfoques o modelos. En las siguientes líneas presentamos uno de ellos,
el modelo social, al que consideramos el más apropiado en contextos como el
peruano. En la materialización del derecho de reconstrucción podemos
identificar hasta tres modelos diferentes: el modelo político, el
modelo económico y el modelo social.
El
modelo político tiene como eje o centro de acción a las
autoridades políticas elegidas popularmente o designadas por un superior,
mientras el modelo económico recurre
a la dirección de tecnócratas o profesionales especializados como eje o centro
para la reconstrucción. El modelo social,
en cambio, se centra en la población local organizada, prioritariamente
integrada por los damnificados y afectados. Si bien ninguno de los modelos es
puro, dado que todos comparten los tres ejes o centros mencionados (los tres
modelos recurren a las autoridades políticas, contratan tecnócratas y se
orientan a los damnificados y afectados), es posible contrastarlos
objetivamente.
A
continuación destacamos tres características principales del modelo social, que
identificamos con los siguientes contenidos:
Quien orienta la reconstrucción
es la población organizada, partiendo de los damnificados y afectados. Se
prioriza la participación y el interés de la población local organizada porque
a partir de ella se ejecuta todo tipo de gestión del riesgo de desastres:
reubicación de zonas de alto riesgo, construcciones respetando parámetros de
ingeniería y arquitectura, y reconstrucción de servicios y actividades
económicas seguras y sostenibles.
La ejecución de proyectos
u obras de reconstrucción tienen una relación directa con la población
organizada. La reconstrucción de viviendas, pistas y puentes, como la
descolmatación de ríos y quebradas necesita de la población local organizada en
dos sentidos: como actores y beneficiarios. Son actores en tanto tienen que
participar en las obras de reconstrucción como trabajadores o empresarios al
margen de cualquier presupuesto, y son beneficiarios porque las obras de
reconstrucción no solo los beneficiarían sino que en el supuesto de haber
utilidades en la aplicación de los presupuestos locales, regionales o
nacionales, les corresponde también prioritariamente dichas utilidades.
La fiscalización de los
proyectos y presupuestos económicos tiene en la población organizada su
principal actor. Sin dejar de lado el trabajo especializado de las entidades de
control, la fiscalización de los proyectos de inversión es más efectiva a
través de la misma población organizada. De ésta, la población damnificada y
afectada es la que más conoce de los “malos
manejos” y “negociados” que
puede producirse entre las autoridades políticas y los ejecutores de los
proyectos por lo que en sus iniciativas se encuentran las pruebas y denuncias
necesarias.
Si bien estas
características del modelo social para el derecho de reconstrucción muestran
limitaciones, su perspectiva es evidente. Los modelos político y económico
fracasaron en experiencias como Pisco (2007-2017) al no conseguir a la fecha,
la reconstrucción deseada. Por ejemplo, la mayoría de viviendas no han sido
reconstruidas y de las viviendas reconstruidas es la misma población la que
principalmente ha hecho posible ello.
En el mismo sentido, el
modelo económico ejecutado en los primeros seis meses tras los desastres del
fenómeno de El Niño Costero, no ha tenido el resultado esperado. Ante su
fracaso, se ha recurrido al modelo político de reconstrucción, el que en
nuestra opinión seguirá el mismo resultado de Pisco, diez años atrás.
Tras las características
presentadas, creemos que el modelo social de reconstrucción
resulta el menos imperfecto frente a situaciones de desastres en el Perú. La
Cruz roja Internacional identifica este modelo como movilización comunitaria en
situaciones de emergencia ¿Por qué no probarlo?
Antonio
Peña Jumpa
Centro de Capacitación y Prevención para el Manejo de Emergencias y Medio
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